Se presento una acción de protección constitucional, en contra del SENAE en la que se demostró que vulnero los derechos de una persona discapacitada, que había importado un vehículo usado valorado en $24.000, para lo cual solicito conforme a la Ley Orgánica de Discapacidades la exoneración de tributos correspondientes. Se logro como reparación integral que se deje sin efecto el rechazo de la solicitud de exoneración de tributos, se declaro válida la factura comercial y la liberación del vehículo importado que se encontraba en territorio ecuatoriano. Solicitando además a la SENAE que a través de los mecanismos necesarios, permita la nacionalización y entrega del vehículo.
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